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Seguridad ciudadana: El lado oscuro de la política


Cuba: ¿Por quién doblan las campanas?

Fernando Krauss Ruz, Egresado de Ingeniería Civil Geográfica USACH, fkrb@entelchile.net, nnacido en 1974.

Escribo a unos días del 26 de Julio y tres semanas antes del 13 de Agosto, día en que cumple años el presidente cubano Fidel Castro Ruz. Ambas fechas, fuera del simbolismo con que se acostumbra a tratarlas en la lejana isla de Cuba, me traen recuerdos y reflexiones más bien cercanas.

El año pasado la  noticia cumpleañera habría pasado desapercibida, si no hubiese sido por el round de boxeo que protagonizaron frente a  la embajada cubana en Santiago, un grupo de chilenos pertenecientes a organizaciones solidarias con Cuba, y que esta vez se enfrentaron a médicos cubanos residentes aquí en Chile. Los primeros, acudían a la sede diplomática para hacer llegar un regalo al festejado líder caribeño, y se encontraron con los médicos, que venían a entregar una carta al embajador, en protesta por un decreto expedido en La Habana. Se trataba de una disposición que prohibía el reingreso a la isla de los médicos cubanos que permanecían en el extranjero sin permiso del gobierno.

 El incidente, con su buena dosis de puños, revivió animosidades y epítetos como “traidores” y “gusanos”, que sólo escuche con un timbre similar mientras viví en Cuba, en una década de los 80 convulsionada por los “actos de repudio” oficiales contra quienes iniciaban trámites para abandonar el país por el puerto de Mariel. Los “Marielitos” se sometían a un ritual de recorridos por las calles bajo improperios, escupitajos y golpizas, que se iniciaban en sus domicilios y centros de trabajos o estudios antes de abordar en el puerto de Mariel las embarcaciones fletadas por sus parientes en Miami. También debían compartir dichas embarcaciones con delincuentes, sorpresivamente sacados de las cárceles y puestos en la disyuntiva de volver a prisión o emigrar a EE.UU.

 Estos episodios, que dejaron borrosa huella en mis escasos siete años, fueron el colofón que, de manera paradójica, sepultó los episodios (no menos dramáticos) registrados previamente en la embajada de Perú. Desde mediados los 60, todas las sedes diplomáticas latinoamericanas susceptibles de otorgar asilo permanecían custodiadas por contingentes policiales con órdenes de disparar contra quienes intentaran penetrar en los recintos. De manera que en 1980, cuando un grupo de cubanos, en complicidad con el chofer, desvió un microbús para irrumpir y buscar asilo en la misión peruana, incluyó a un policía armado que suscribía el propósito del mismo. En la acción, hubo intercambio de disparos y resultó asesinado un policía custodio. Como represalia ante la negativa peruana de entregar a los ocupantes del bus, las autoridades cubanas informaron por los medios de prensa que se retiraría el contingente policial de la embajada. En las diez horas que siguieron, l5 mil personas se asilaron allí, antes que dos centenares de oficiales reservistas y en activo de las fuerzas armadas, acordonara el lugar para impedir el acceso.

Pero quizá lo que más me impactó de la pelea del 2001 frente a la embajada de Cuba en Santiago fue la postura asumida por el gobierno de la misma para justificar la medida aplicada, y en particular las complicidades que este tipo de actitudes aún cultiva en Chile.

La sensibilidad de los chilenos-en especial de los miles que vivimos el exilio (incluido en Cuba) debió conmocionarse con una trifulca cuyo origen era la prohibición del regreso a su patria de los médicos cubanos que, dicho sea de paso, generan cariño y respeto en sus pacientes chilenos.  Siento que en la ocasión no sólo quedó afectada la visión y la valoración que un sector de la izquierda chilena tiene del proceso que se lleva en la isla, sino que también salió muy mal parada la actitud asumida por algunos de nuestros compatriotas: aquellos que se liaron a puñetes con los médicos cubanos, conscientes de ello o no, respaldaron con su acto los atropellos similares de que una vez fueron víctimas durante la dictadura militar.

Para nadie es un misterio que Cuba vive bajo un sistema político basado en una sola ideología y un sólo partido político que controla el Estado y prácticamente todas las áreas de la sociedad. Los innegables logros sociales y el carácter emblemático que, en algún momento, su proyecto cubano representó para quienes nos tocamos el corazón a la izquierda, no deberían obviar las realidades de un modelo que, bajo el manto revolucionario, encubre la concentración del poder político en una sola figura, a cuya deslumbrante personalidad se rinde un culto institucional francamente excesivo en estos tiempos: Presidente de la República, Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, 1er Secretario del Partido Comunista, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, etc.

Lo de los médicos fue hace ya un año. Sin embargo, recientemente ocurrió en Cuba un suceso político que no ha tenido en Chile la más mínima respuesta de parte de los actores involucrados con el tema cubano, y que por su significado debiese llevar a quienes formamos parte de una izquierda democrática a debatir y reflexionar sobre ello, y hacerlo con premura.

Se trata de una iniciativa que surgió desde dentro de la isla y que es impulsada por distintos grupos cívicos no gubernamentales y de oposición. El "Proyecto Varela", cuyo nombre hace mención al apellido de un sacerdote cubano  precursor de la independencia en el siglo XIX, se vale de la facultad que le otorga el Artículo 88 de la Constitución de la República de Cuba a cualquier grupo de ciudadanos  para presentar - junto con 10.000 firmas de respaldo - iniciativas legislativas con la intención de reformular leyes o la misma Constitución. Según los creadores, con esta propuesta se pretende  convocar al principal órgano legislativo cubano (la Asamblea Nacional del Poder Popular), para que llame a una consulta con el fin de introducir cambios orientados a democratizar y subsanar las heridas de una sociedad cubana por años dividida.

En síntesis, la propuesta busca realizar un plebiscito, para que los cubanos decidan por si mismos sobre cinco aspectos considerados por los proponentes como claves para el futuro la nación cubana: garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la libre asociación; una amnistía para los presos políticos no involucrados en hechos de sangre; el derecho de los cubanos a formar empresas; una nueva ley electoral más representativa y democrática; y la realización de elecciones bajo el nuevo marco anterior a más tardar una año después de aprobado.

Dicho proyecto, que fue presentado el 10 de mayo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, no ha encontrado hasta ahora mayor respuesta del gobierno de la isla que el silencio y omisión absolutos en los medios de comunicación (que son todos controlados por el Estado), además de la detención a personas que desde dentro de Cuba, y con obvias limitaciones de recursos intentan difundir la idea.

Sin embargo, y a pesar del desconocimiento que aún sigue existiendo del Proyecto Varela entre la población, el gobierno cubano terminó hará unos días, una senda campaña  de recolección de firmas a través de los Comité de Defensa de la Revolución de los barrios y de los centros de trabajo, buscando dejar establecido que el sistema socialista en Cuba es irrevocable. Esta campaña, que mostró la gran capacidad mediática nacional e internacional, y de movilización de recursos con que cuenta el gobierno de La Habana, concluyó con el ya acostumbrado y casi unánime respaldo de firmas que superan el 99% del total de los ciudadanos electores.

Ante tal demostración de fuerza, y más allá de su  legalidad constitucional e intención democrática, es lógico que nazcan dudas que existan condiciones para el desarrollo del Proyecto Varela. Más aún, cuando el máximo líder cubano afirmó hace pocos días que tendría que estar loco para aceptar la pluralidad de partidos políticos en su país.

Es cierto que Cuba es un país que ha debido enfrentar innumerables agresiones económicas, militares y políticas desde los Estados Unidos, condenables desde cualquier perspectiva. Que el bloqueo económico impuesto por 43 años ha sido la peor de las estrategias para lograr una apertura política en la mayor de las Antillas. Sin embargo, para quienes creemos profundamente en la democracia como valor que sustenta las relaciones sociales, lo anterior no nos puede cegar en el reconocimiento de los rasgos autoritarios del sistema político que rige en la sociedad cubana, y en especial, en su relación conflictiva con las expresiones políticas de los derechos humanos, declarados por todos quienes aspiramos a un mundo más justo e igualitario, como universales e inalienables.

Bajo esa óptica, resulta por decir lo menos, incongruente, que dirigentes de los partidos políticos de centro-izquierda prefieran no asumir la necesaria discusión de fondo al respecto, no den la cara ante incidentes como las sanciones contra los médicos cubanos residentes en Chile, o la violación de los derechos civiles y políticos en Cuba, y que incluso La Moneda critique una postura de la ONU frente al gobierno cubano que, sin embargo, se aplaudió cuando el organismo internacional la aplicó en forma reiterada contra la dictadura de Pinochet;  aunque en esto último, Chile haya terminado sumándose a la postura Uruguaya, que planteó el envio de una Comisión Investigadora de la situación de los DDHH a la isla, y que a la larga incomodó de igual manera al gobierno de La Habana.

Se puede entender que, en muchos casos, prime una amalgama de elementos que mezclan sentimientos de gratitud, añoranzas, nuevos lazos generados por negocios conjuntos, favores personales ( manejados con habilidad por la diplomacia cubana) con la dificultad de una cuenta política al interior de los partidos, donde el tema cubano sigue estando lleno de simbolismo. Pero las generaciones del siglo XXI no estamos obligadas a ser acríticas, también, a propósito de los aspectos reprobables de la sobreviviente latinoamericana de los socialismos reales. Con todo respeto: no siempre tenemos que ser cómplices del silencio que por su historia se han autoimpuesto nuestros viejos.

El 1º de enero próximo se cumplen 44 años del triunfo de la revolución cubana.  En la isla, miles celebrarán  un proceso que otros miles reconocen como incierto, ante un mundo que avanza hacia mayores libertades en lo político . Fuera de su terruño, cubanos  residentes en el extranjero beberán el sabor amargo de un abrazo de fin de año, separados de sus familias y divididos por un proyecto que parece cada vez más desdibujado y anacrónico. En Chile, a cientos de kilómetros del malecón de la Habana, los chilenos de una izquierda que quiere y necesita ser joven ¿por quiénes brindarán el 1 de enero?


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