Seguridad
ciudadana: El lado oscuro de la política
Gonzalo
Berríos Díaz, gberrios@starmedia.com,
Abogado,
nacido
en 1970. 
Vivimos
en un país que siente miedo. Una encuesta de la Fundación
Chile 21 reflejó la alta sensación de inseguridad e indefensión
de la ciudadanía en relación con los problemas de salud,
empleo, educación y pensiones. Además, un 70% de los
entrevistados piensa que ellos y sus familias corren “mucho
riesgo” de ser víctimas de un delito, evidenciando el elevado
grado de preocupación e importancia que se asigna al problema
de la delincuencia: el propósito de este artículo es tratar
justamente la cuestión delictual como un aspecto específico de
estos miedos.
El
primer elemento a considerar es el reconocimiento de que el
delito es un fenómeno político-social y no un hecho natural.
Esto quiere decir que el delito no es una realidad ontológica,
que esté conectada con la esencia misma de los hechos, sino más
bien está relacionado con definiciones políticas sobre qué se
castiga, y en cuanto tales, vinculadas al poder y a quienes lo
ejercen. Por lo tanto, en una sociedad democrática siempre será
criticable y revisable lo que se entiende por delito, así como
sus mecanismos de control asociados.
Por
otro lado, debe tenerse presente que está demostrado que el
sistema de justicia penal opera de manera selectiva,
discriminatoria y clasista. En su funcionamiento real, sólo
“atrapa” a una parte de los sujetos que cometen hechos
calificados de delito, cuya composición social mayoritariamente
corresponde a sectores populares y empobrecidos. Por ello no
resulta extraño que estas personas manifiesten una fuerte
desconfianza hacia los operadores del sistema, acusando lentitud
de los procesos, malos tratos, arbitrariedad y favorecimiento al
poderoso en las decisiones. Además, las críticas a la justicia
criminal no sólo son efectuadas por quienes son perseguidos por
un delito, sino también por las víctimas de ellos, que tampoco
ven debidamente relevados y resguardados sus derechos. En síntesis,
como se ha señalado, “los pobres no sólo son víctimas
frecuentes de delitos sino también la principal clientela del
sistema”.
Mención
aparte merece el manejo que los medios de comunicación dan al
tema, cuyo tratamiento sensacionalista y desproporcionado
contribuye a generar una sensación de inseguridad mayor a la
que razonablemente podría derivarse del análisis de las estadísticas.
Juegan asimismo un rol clave en los procesos de estigmatización
y diferenciación en el trato de los distintos tipos de delitos.
Para ejemplificar, puede recordarse el caso de un comentarista
deportivo querellado por delitos tributarios, cuyo trato fue
radicalmente diferente al brindado a cualquier otro
“delincuente común” por hechos de menor daño social.
Como
cuarto elemento, la respuesta tradicional al delito también ha
sido cuestionada por su inhumanidad y por su absoluta falta de
correspondencia entre fines declarados y fines realizados: la cárcel
opera como un efectivo mecanismo reproductor del delito, dado
sus efectos criminógenos sobre los sujetos privados de libertad
(desocialización y contagio criminal). La cárcel no
rehabilita, no resocializa, no previene nuevos delitos. La
violencia institucional del estado lejos de detener el crimen,
lo alimenta y perfecciona, generando verdaderas redes de
solidaridad entre quienes pasan por la prisión. Si a ellos se
suma la estigmatización y marginación social
post-penitenciaria, no resultan extraños fenómenos como la
reincidencia.
Con
esta realidad, uno puede preguntarse por qué tantos creen que
el sistema penal es la solución y además una buena solución a
los conflictos de tipo criminal. Sin embargo, no debe resultar
extraño que dicho enfoque –bajo la etiqueta genérica de la
seguridad ciudadana– ocupe un lugar tan relevante en la agenda
pública ni menos que ésta esté hegemonizada por una
perspectiva represiva. La instrumentalización del miedo ha sido
desde siempre una estrategia de acción política y la
delincuencia es tan sólo su actual caballo de batalla. De ahí
que no se puede ser indiferente al problema del control de la
criminalidad, ni mucho menos puede dejar de cuestionarse el
modelo de tolerancia cero divulgado por la derecha conservadora.
En
primer lugar, porque la visión de mundo tras el modelo de
tolerancia cero es extremadamente peligrosa para la construcción
de una sociedad democrática, humanista y libertaria, cuyo
fundamento y límite es el respeto y promoción de los derechos
fundamentales de todas las personas (victimas y victimarios). Un
aspecto no suficientemente destacado tras este modelo, es que se
sustenta en una ideología que liga la visión represiva con la
neoliberal: estigmatización y persecución de los más pobres,
directamente o sobre sus barrios; visión atomista de la
sociedad; afirmación que las desigualdades sociales se deben a
factores personales (algo así como el patronal prejuicio “los
pobres lo son por flojos”). En palabras de Wacquant, “la
mano invisible de Adam Smith está de vuelta, pero ahora calza
un guante de hierro”.
En
segundo término, porque el endurecimiento de las penas y las
mayores atribuciones a la policía –en definitiva, el
reemplazo de la idea de un estado social y democrático por uno
penal y represivo–, son falsos mecanismos de control del
delito, de virtudes más aparentes que reales, pues sólo
generan nuevas y mayores violencias. En Nueva York (NY), el
abuso de la policía y la desconfianza subsecuente hacia ella de
parte de las comunidades afectadas, así como la discriminación
racista reflejada en la composición de las detenciones, han
quedado al descubierto por numerosas investigaciones. Más aún,
una ciudad como San Diego que aplica el modelo de policía
comunitaria, ha reducido las tasas de delincuencia de manera
similar a la capital de la tolerancia cero, pero a un costo
bastante menor para las libertades públicas: disminución del número
de detenciones (menos un 14% versus un aumento en NY de 24%) y
de las quejas presentadas contra la acción de la policía
(menos un 10% versus un aumento de 60% en NY). Más cerca, en
Buenos Aires, se ha demostrado que un mayor número de policías
en relación con el número de población no resuelve el
problema de la delincuencia.
A
la luz de estos antecedentes, resulta preocupante lo que ocurre
en Chile en materia de políticas de control de la delincuencia
y seguridad ciudadana. En especial, si se considera que la
reforma procesal penal ya recibió un embate del paradigma
represivo al endurecerse las normas sobre atribuciones de la
policía para detener y controlar a las personas, todo ello bajo
el sólo argumento de la sensación de inseguridad de la gente.
Sin embargo, aún no se resuelve satisfactoriamente la pregunta
de quién controla a la propia policía. En la práctica, la
sospecha policial recae preferentemente sobre jóvenes de los
sectores urbano populares y de apariencia “peligrosa”
(concordante con los análisis sobre selectividad y discriminación),
lo que es un atentado a las libertades y una clara transgresión
al principio de igualdad ante la ley. Es cuestión de recordar
otro caso “ejemplar” sobre la selectividad con que se
ejecuta la tarea policial: un oficial de ejército armado con
una pistola y que recién había baleado a otro sujeto, frente
al que carabineros no actuó para reducirlo y además le dio
trato de “mi teniente”. Asimismo, se otorga más poder a la
policía sin considerar la tendencia al alza en las denuncias
por violencias innecesarias, así como la nula acción de la
justicia para sancionarlas, tendencia demostrada por todos los
estudios disponibles. Por ello, nada peor que legislar sobre la
base de suposiciones y percepciones, y dejando un amplio margen
de acción a la arbitrariedad de las instituciones de seguridad.
Resulta curioso que, a diferencia de otras áreas, en materia de
delincuencia no se recurra a los especialistas, a los “tecnócratas”
en criminalidad ( ¡bienvenidos serían!) y las decisiones se
tomen encuestas en
mano.
Es
urgente, entonces, definir e implementar una política democrática
de control de la delincuencia, cuyo eje sea el respeto absoluto
de los derechos fundamentales de las personas. Un eje como éste
no sólo es una garantía para los infractores, sino para todos
y cada uno de los ciudadanos, pues la protección de derechos en
materia penal también tiene por objeto que no sean violentados
por la acción arbitraria de las instituciones de control penal.
Otro
pilar de una nueva política criminal ha de ser la convicción
de que una mayor penalización de los delitos no conduce a una
disminución de los mismos. De ello se concluye la necesidad de
diversificar las respuestas al delito y disminuir el uso de la
privación de libertad, así como la importancia de revisar a la
luz de la época actual el catálogo de delitos del Código
Penal.
En
tercer lugar, se debe fortalecer la red de apoyo social a las víctimas
de delitos -en especial violentos- y propiciar medidas de
reparación de los daños patrimoniales que han sufrido. El
Estado podría asumir en este aspecto una política activa de
apoyo material a las víctimas, reorientando recursos desde el
control a la reparación.
Además,
en cuarto término, no se puede seguir eludiendo la necesidad de
reformar la justicia militar, haciéndola coherente con las
exigencias garantistas de la Constitución y de los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, así como con el resto de
las reformas impulsadas en materia de justicia. Esta cuestión
es relevante para ejercer un mayor control sobre las policías y
estimularlas a cumplir sus tareas dentro de los límites de un
estado democrático de derecho.
Por
último, como la política criminal tiene un carácter
excepcional, de último recurso ante conflictos graves como son
los delitos, debe necesariamente ir precedida de una activa política
de garantismo positivo,
esto es, de aseguramiento y desarrollo del conjunto de los
derechos de las personas, como el camino más efectivo hacia una
convivencia más justa y pacífica entre los seres humanos.
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