Seguridad ciudadana: El lado oscuro de la política
La
Democracia Ilustrada contra la Razón Tecnocrática
Pablo
Nicolai Vera,
profesor
de Castellano, pablonicolai@hotmail.com,
nacido en 1971.
Para
quienes sólo podemos presumir de nuestra ignorancia,
simplemente nos cabe la duda frente a las categorías del
pensamiento tecnocrático. Cuando perdemos la vergüenza y nos
dejamos llevar por la pasión, que por supuesto no es
“conocimiento”, también es posible que nos empeñemos en la
acción y el juicio crítico. En ello va parte de nuestra
dignidad, porque del mismo modo todo escepticismo es una forma
de mirar o de sonreír, de manera que la suspensión del juicio
igual implica una significación. “Respirar es juzgar”,
sentencia Albert Camus. Sólo queda por convenir en base a qué
lo hacemos. Lo que se ha dado en llamar el “pensamiento
tecnocrático” se centra en la idea, cada vez más dogmática,
de que la técnica ha de tener la supremacía en el orden
social, se funda en una fe hasta pueril en el rol y los efectos
de los tecnicismos en el destino del hombre y de la comunidad
que éste constituye. A este respecto son precisas las palabras
de Marcos García de la Huerta, quien en su Crítica de la
Razón Tecnocrática dice: “a medida que el terreno de las
decisiones sea invadido o caiga bajo el campo de exigencias
impuestas por la extensión del sistema técnico, la práctica
política quedaría absorbida y supeditada a las necesidades de
orden técnico”. Lógica consecuencia de una variante del
pragmatismo impregnado sin más reparos por unas condiciones
tecnológicas que establecen el predominio de las formas y el
reinado de la virtualidad.
Digo
esto a propósito de ciertas convocatorias publicitadas para
preseleccionar “profesionales de excelencia con vocación de
servicio público”, a objeto de en definitiva designar
secretarios regionales ministeriales y jefes de servicios, por
parte del intendente de la Región de Coquimbo Felipe del Río.
No es que me oponga a la profesionalidad, a la eficiencia y a la
eficacia, principios por lo demás consagrados en el
ordenamiento jurídico, al igual que la probidad, la
responsabilidad y la coordinación, los que por tanto siempre
han debido exigirse a todo funcionario público, sino que, antes
bien, a la ingenua expectativa que se pueda generar en todos
aquellos que promueven sus prestigios en virtud de
certificaciones y títulos logrados con esfuerzos intelectuales
y económicos de años. Porque esta no es una convocatoria a
concurso público, en el cual se mide con criterios
pretendidamente objetivos determinados antecedentes y se
confrontan con la disponibilidad de remuneraciones, suponiendo,
en consecuencia, la obtención del cargo por mérito, como quien
se gana el Nobel, y la esperada estabilidad en el mismo, como
quien adquiere un derecho testamentario. Por el contrario, aquí
se trata de una intención política de mostrarse transparente y
acaso de ampliar el abanico de postulantes, la cual sería
plausible si no estuviésemos hablando de cargos de confianza
política y esencialmente revocables, lo que significa que en
definitiva es una facultad de la autoridad delegada por el
pueblo, según lo cual la designación en sí nunca dejará de
ser pública y constantemente evaluable. La transparencia en la
administración y el gobierno es una exigencia democrática,
pero se refiere fundamentalmente a la gestión, pues lo que
importa es que los ciudadanos sepamos qué, cómo y para qué se
llevan a cabo las acciones de los funcionarios. Precisamente
asistimos con esta medida a la pretensión tecnocrática –que
no deja de ser una pantalla, en cierta medida, digámoslo, por
suerte- de hacer aparecer como necesario el predominio de lo mecánico,
donde el encargado o jefe de un determinado servicio público ha
de limitarse a la funcionalidad de una máquina en la que no es
más que un apéndice, parte de un automatismo racionalista como
en la misma línea de la eficacia totalitaria que prefiguraran y
denunciaran literatos como Kafka, Camus, Huxley o Kundera. No
quiero caer en un tremendismo. No soy tan pesimista ni
desconfiado, sin embargo advierto la intención de validar el
principio de prevalencia unívoca de lo técnico y lo aristocrático
allí donde debiera primar lo político y lo democrático, pues
apartando las dificultades propias de medir la vocación de
servicio, una personalidad optimista, la excelencia y la
inteligencia, y sin desconocer las contribuciones de los técnicos,
parece claro que aquí se trata de cargos que deben asumirse
para liderar opciones políticas que se hacen y deshacen en un
campo dividido, un espacio común polémico, que es el propio de
una democracia que se quiere ilustrada, es decir, donde el
debate se eleva y no se calcula, donde los juicios se confrontan
y no se excluyen, donde la revocabilidad de los cargos es
esencial porque se deben a los ciudadanos y no a la Santa
Ciencia, donde se trata a la ciudadanía como a adultos libres y
no como a párvulos, donde la comunidad políticamente
organizada exige no sólo respeto sino el ejercicio del mando y
por ende requiere políticas efectivas y no simple y ramplona
demagogia. Queremos
y reclamamos eficiencia, mas no exageremos con el ya viejo
cuento del gobierno de los mejores.
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