Gestión
de conflictos en escenarios de cambio
Sergio Salinas Cañas,
sergio_salinas99@hotmail.com, Periodista y cientista político, nacido
en 1966.
Los
problemas cruciales en la actualidad en Latinoamérica, son las
sucesivas tensiones entre modernización y tradiciones sociales,
entre crecimiento económico y desarrollo humano, y entre una
visión negativa y otra positiva sobre los conflictos.
La
modernización del Estado ha significado, para los sectores
sociales insertos en el ámbito público, enfrentar este proceso
en un plano de contradicciones. La cultura del trabajo en el
ámbito público, tiene una particular identidad, que en un
sentido genérico está asociada a la estabilidad laboral y
progresión gradual de su situación social-laboral.
Las
tradiciones sociales del estamento funcionario estatal,
transitan hacia un Estado distinto, un Estado en transición, de
menor tamaño, que pretende moverse con otros parámetros de
gestión pública. Este proceso está contextualizado por los
modelos de desarrollo imperantes, que de por sí, generan
tensiones en todo el cuerpo social.
Además,
nuestra organización política, expresada en un sistema
democrático, no se despoja aún de su carácter profundamente
autoritario. Algunos autores sostienen que la carga de
transformaciones políticas acaecidas en dictadura y heredadas
en una transición a la democracia explica tan solo la
manifestación más contemporánea de los efectos de una cultura
autoritaria arraigada. Esta puede advertirse, en parte, en los
enclaves autoritarios que conforman el ecosistema de una
democracia funcional a una cultura que se ha deslizado por la
vía de la evitación de los conflictos.
Además
los gobiernos latinoamericanos están atravesando un proceso de
adaptación a dos cambios fundamentales: cambios en los valores
y demandas de los ciudadanos, que a su vez se relacionan con una
pérdida de peso de los partidos políticos y de la
identificación con ellos y cambios en la economía, que afectan
a las políticas y resultados posibles de los gobiernos, que
tienen así más dificultad para satisfacer las demandas
sociales y, sobre todo, para ajustarse a las prioridades de los
electores en el diseño de sus políticas.
Estos
cambios explican probablemente que en todos los países
democráticos exista un clima de relativa insatisfacción y
desconfianza hacia los partidos políticos y hacia los
resultados de los gobiernos.
Algunos
politólogos afirman que la aparición de nuevos partidos y
canales de representación de los intereses populares puede
resolver el primer problema y conducir a alternativas
verosímiles frente a la frustración de los electores. Pero el
segundo remite a situaciones de desigualdad social y falta de
desarrollo económico seriamente agravadas desde la crisis de la
deuda, especialmente en los países que no han conseguido
realizar las reformas estructurales o que, pese a haberlas
realizado, no han logrado volver a entrar en un camino de
crecimiento sostenido.
En
este punto los problemas del sistema político pasan a ser
problemas del Estado para cumplir su función, y el reto para
los partidos no es sólo ya representar las demandas sociales,
sino encontrar un nuevo modelo de Estado que permita ofrecer
soluciones: reconstruir el Estado en las nuevas circunstancias
de la economía mundial y crear las condiciones para entrar en
una nueva fase de desarrollo.
Además
los gobiernos latinoamericanos se encuentran insertos en un
contexto marcado por dos coordenadas fundamentales: procesos de
modernización y procesos de democratización.
La
modernización es el proceso de racionalización (racionalidad
medio-fin) que en su forma actual se caracteriza por tres rasgos
sobresalientes: en primer lugar, la nueva complejidad de la
sociedad, caracterizada por la creciente diferenciación de los
diversos campos de la vida social (economía, ciencia, arte,
etc.) según racionalidades y dinámicas relativamente
autónomas.
En
segundo lugar, un cambio de la matriz de la organización
social. Con el avance de la complejidad social disminuye la
capacidad jerárquica de regulación estatal y se afianzan
formas descentralizadas de coordinación como el mercado.
Lo
que se relaciona con un tercer condicionante: el proceso de
globalización. Este significa no sólo la mundialización de
los circuitos económicos, tecnológicos, comunicativos, etc.,
sino también la subordinación de los diversos aspectos de la
vida social bajo la racionalidad del mercado.
Por
su parte, el proceso de democratización concretiza el principio
de autodeterminación colectiva mediante dos cursos de acción:
la elección libre, competitiva y regular de las autoridades
políticas en instituciones representativas y, por otro lado, la
toma de decisión mediante procedimientos legales.
Si
el primer aspecto sobresale por contraste con la experiencia
autoritaria de la región, el segundo aspecto —la capacidad de
las instituciones democráticas de dirimir conflictos, decidir
los desafíos y orientar el desarrollo futuro— se revela
crucial con relación al proceso de modernización.
Asimismo,
se explica en nuestra organización económica, un modelo que
institucionaliza sus propias reglas del juego, en donde la
cultura empresarial, emergió como valuarte de un destino-país
que monetariza las relaciones de poder, estandarizadas por las
aspiraciones de crecimiento económico y orientada
expansivamente hacia la privatización de los conflictos
sociales, como soluciones concretas a las molestias o males
necesarios que acarrea el desarrollo.
Este
autoritarismo sutil del cual somos prisioneros de manera
cotidiana ha sido llamado por algunos autores como la
objetividad sin paréntesis. Se trata de actuar en lo social,
esto es, planificar, organizar, decidir, ejecutar, etc. con el
solo mérito de mis propias convicciones. De esta manera, la
decisión del lugar de una central hidroeléctrica, el cierre de
una mina de carbón, una reforma educacional, la seguridad
ciudadana o cualquier otro asunto de interés público da
fundamentalmente cuenta de las convicciones “técnicas” de
aquellos agentes funcionarios y poderes fácticos, que les toca
intervenir en un asunto determinado. Rara vez, en efecto, es
fruto de un auténtico intercambio entre personas o grupos de
personas de otras convicciones, “técnicas” o de otra
naturaleza.
De
la misma manera, la propensión a resolver conflictos en Chile,
refleja de manera importante, un proceso de toma de decisiones
desamparado en la mayoría de los casos de una concepción
activa de la negociación como proceso estratégico. Una
explicación principal la encontramos en la evaluación positiva
que se hace del autoritarismo –punto señalado anteriormente-
como estilo para enfrentar conflictos, de la administración
sistémica como enfoque de tratamiento de conflictos y de la
negociación como tácticas de interacción competitiva,
simulacro y manipulación de conflictos.
La
tentación casi irresistible ha sido la de simplificar el
trabajo y centrarse en la superficie, buscando la vía más
rápida tanto de evitar los conflictos como –si se producen-
ganarlos o buscando la vía más rápida para obtener un
acuerdo. Pero la rapidez no es compatible con la calidad, asó
lo demuestra la gestión de conflictos en escenarios de cambio
que ha tenido la Concertación en estos más de diez años de
gobierno. Planteamientos simplistas no pueden alcanzar éxito
total al manejar problemas complejos, como son los actuales
conflictos sociales que viven el país.
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